Clientelismo
impune en compra de lotes para menesterosos
Manuel
Argüello
El
estilo efectista y de impacto masivo que distinguió la campaña electoral del
actual presidente sigue siendo la característica más importante de su gobierno
en todas las áreas, pero donde más se destaca eso es en el combate a la
corrupción, en el ambientalismo militante y en el declarado apoyo a los pobres.
Sin poner aquí en duda la sinceridad y buenas intenciones del presidente y de
varios de sus allegados respecto de la corrupción y el ambiente, cabe señalar
que la perorata social pro pobres contrasta con la ausencia de un plan efectivo
en ese sentido o, peor aun, contrasta con ese programa evidentemente regresivo y
falaz que ha sido presentado recientemente.
En
diversos casos, las declaraciones patrióticas y las decisiones artificiosas
–como las destituciones sumarias que llenan los titulares de nuestros
tabloides- es lo único que ha resultado de los procesos de investigación
iniciados a partir de denuncias. La necesidad de análisis detallados de las
relaciones institucionales y de las políticas que caracterizan nuestro aparato
estatal nunca ha sido señalada por los "investigadores". El estado
paralelo sigue campante mientras los focos de atención se centran en alguna
figura política más o menos destacada. Pero lo peor es que, más allá del
paralelismo estatal, lo que funciona como norma en todas las instituciones y
cada uno de los programas es el vínculo clientelista, que constituye el modus
operandi, lo normal, en el proceso de asignación de prioridades desde hace
muchos gobiernos y desde tiempos inmemoriales.
En
la reciente investigación ordenada por el presidente sobre la compra estatal de
lotes para construir viviendas a gente sin ésta, se ha descubierto una vez más
la tapa de dulce, pero solo ha servido para reforzar la idea generalizada de que
el presidente quiere combatir la corrupción, aunque en la realidad siga sin
hacerlo. Es obvio que la intromisión política en la asignación de
prioridades, listas de beneficiarios, fincas a comprar, amigos y empresas a
contratar o nombramientos a realizar, siguen teniendo como motivo fundamental la
colaboración en la campaña electoral y el apoyo político a los candidatos:
desde los síndicos distritales hasta el presidente, pasando por los diplomáticos,
como en forma cándida pero diáfana lo ha aceptado el ministro de Relaciones
Exteriores. Por eso, para evadir la Ley de Contratación Administrativa y las
licitaciones públicas se inventan cada día procedimientos y formas de
adjudicación que dejan el asunto sujeto a la discrecionalidad del funcionario
o, peor aun, del dirigente político local o regional (futuro diputado, regidor,
alcalde, ministro, pariente de uno de ellos, etcétera). El invento más antiguo
y utilizado en todas las instituciones es la asignación individual de subsidios
y el disfrazar grandes proyectos de casos individuales. De esta forma, la
institución y el funcionario asignan un monto determinado -según el programa-
en forma legítima a un beneficiario que cumple aparentemente con los
requisitos, para lo cual se puede falsificar -a sabiendas de los funcionarios y
los políticos que apadrinan al cliente- las certificaciones de ingresos, o
eliminar de la lista a varios miembros de la familia que tienen ingresos, para
así reducir falazmente el ingreso familiar y que el cliente califique para un
bono. Es fácil documentar otras formas espúreas de evadir los controles para
satisfacer las necesidades político-electorales locales y regionales. Las
investigaciones sumarias normalmente finalizan detectando situaciones anómalas
ya consolidadas donde no hay forma de identificar responsables directos y donde
las personalidades políticas aparecen simplemente cumpliendo su papel legítimo
de buscar soluciones a sus representados (partidarios, futuros votantes…),
para lo que se valen de amenazas -que a menudo, con el cambio de gobierno, de
presidente ejecutivo, de gerente general o de alcalde municipal, se ven
cumplidas.
En
la reciente investigación no pasó algo distinto y es muy lamentable que varios
ministros perdieran su tiempo en un informe que se pudo redactar de oficio, pues
tendría las mismas consecuencias. La investigación encontró situaciones que
se repiten todos los días en prácticamente todas las instancias y que han sido
normales en las dos últimas décadas ([1]): “Los beneficiarios manifiestan no haber participado en
la selección o escogencia del lote que les adjudicaron. Desconocían el lugar
donde se les había comprado el lote y cuál les correspondía. En muchos casos
no conocieron al vendedor de los lotes, ni negociaron en forma alguna con él.
Firmaron muy rápido varios papeles y cheques y no leyeron lo que decían. Les
entregaron los cheques o el dinero a personas que no conocían y que tampoco
eran las que vendían los terrenos. En muchos de los casos actuaron de esta
forma confiados por la presencia de funcionarios del Imas [Instituto Mixto de
Ayuda Social]”. Los ministros que firman el informe están conscientes de que
esto no es extraño y lo sostienen a la letra: “Sin ninguna duda para los
integrantes de esta Comisión, las situaciones mencionadas en este informe no
son aisladas ni se encuentran focalizadas en estas áreas. Se trata claramente
de acciones y conductas que se repiten con sospechosa similitud por casi todo el
país”.
Por
eso mismo, impresionan por su ingenuidad y por su ineficacia varias conclusiones
y recomendaciones como las siguientes: (a) “Se sugiere a los concejos
municipales fortalecer la fiscalización directa sobre el desarrollo de las
obras urbanísticas y evitar situaciones irregulares como las que se han
presentado en sus comunidades”. (b) “La participación comunitaria que
implica que para cualquier proyecto (de creación de bienestar e infraestructura
social, que son los predominantes) intervenga siempre la comunidad, tanto en la
definición de lo que se quiere hacer como con el trabajo gratuito o el
endeudamiento también comunitario (respeto a las decisiones comunitarias,
participación social, corresponsabilidad y transparencia en el uso de los
recursos)”.
En
primer término, es evidente que los municipios no tienen capacidad alguna de
responder al llamado, pero, además, en la gran mayoría no lo hacen porque no
quieren hacerlo, pues son parte de la estructura clientelista electoral. En
segundo lugar, la participación comunitaria se ha utilizado precisamente como
la forma de burlar los controles, engañando a los beneficiarios, que pagan
cuotas, confían en el dirigente local y son estafados por éste y los
funcionarios; pero los vecinos saben que sin el apoyo de tal dirigente carecerán
de acceso a nada, pues no hay ventanillas para hacer una solicitud independiente
en ninguna institución accesible en prácticamente ningún lado, y, cuando las
hay, toca entrar en una fila interminable, a menos que intervenga el padrino político.
Así, la organización de base se ha degenerado y se ha convertido cada vez más
en la célula base del aparato clientelista político-institucional y electoral
del país. Esto ha sucedido en particular a partir de la intervención directa
del gobierno y sus instancias políticas en la organización comunitaria: desde
Dinadeco, entre 1970 y 1978, y desde la Presidencia y el Ministerio de Vivienda
a partir de 1978.
Finalmente,
el informe sobre los lotes plantea un par de solicitudes que si no fuera porque
se confía en la buena fe de los ministros firmantes se podría pensar que es
una burla: “Solicitar a las instituciones públicas y sus funcionarios que
rechacen las intromisiones políticas o económicas, para garantizar que toda
colaboración a cualquier proyecto se haga dentro de los canales establecidos,
no pudiendo ningún funcionario alegar presión para su ejecución”, y
“Velar para que los funcionarios con cargos gerenciales actúen en forma apolítica
y aseguren que los recursos y la acción institucional sean utilizados sin fines
político-electorales”.
Como
reacción, una diputada, la ex presidenta de la institución investigada, la
ministra de la Presidencia (firmante del informe), un ex presidente de la
Republica y el secretario general y ex diputado del partido gobernante han
afirmado públicamente que la actuación política es legítima para ayudar a
los pobladores pobres, sus representados y las comunidades, haciendo caso omiso
del tipo de participación que se cuestiona y luego de que ha sido evidente que
su accionar constituyó una presión política y una intervención decisiva para
que se completaran -y hasta organizaran o determinaran- las listas de
beneficiarios, y para la compra de los lotes (muchos inservibles) propiedad de
parientes, amigos o socios por vía de las entidades autorizadas. Las
actuaciones no son ilegales, sino que, al contrario, son la norma en una
estructura clientelar consolidada. No hay delito alguno, porque se sigue diseñando
procedimientos para consolidar el clientelismo. Por ello es demagógico enviar
el asunto al Ministerio Público y prometer la renuncia al puesto "si soy
encontrado culpable", pues de antemano se sabe que no se podrá tipificar
ningún delito establecido en el actual código penal.
Por
todo lo anterior, se puede afirmar que la compra de lotes investigada es nada más
un ejemplo de la norma, y hacer un gran escándalo con el informe no lleva a
nada, pues nada resultará de los procedimientos ordinarios dentro de las
instituciones, y no es solo a los funcionarios de menor rango a quienes hay que
enmendar. Al contrario, lo que se debiera es replantear la absurda estructura
institucional (v.g., la sobrepoblada institucionalidad de la vivienda),
establecer claras prohibiciones (además de cerrar el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos, que solo ha sido una estructura politiquera para
distribuir bonos de vivienda) y crear mecanismos de acceso directo a las
instituciones por vías expresas y sencillas (v.g., que los que requieran bonos
tengan acceso a ventanillas públicas en sus municipios). Incluso mejor, se
debiera diseñar un sistema simple de financiamiento en todos los bancos
estatales que permitiera asignar el bono en forma técnica y verificable, con
claros y sencillos requisitos; debiera atenderse a los peticionarios según el
momento de su solicitud; se debiera contar con información a escala distrital
mediante ventanillas únicas y con selección de beneficiarios con carácter
estrictamente técnico, y la compra de tierras, bienes y servicios debiera ser
por licitación pública abierta y con avalúos independientes y técnicos.
Hay
múltiples cambios sencillos que se pueden hacer, pero en la actual administración
parece que se prefiere el efectismo
ineficiente de la gran declaración sin propuesta alguna que cambie la
institucionalidad vigente ineficaz, permisiva y electorera. Así, ni el
presidente ni los ministros de Ambiente y de Vivienda quieren ni siquiera
pronunciarse sobre el fondo del asunto, que es la estructura normal clientelar
de nuestras instituciones publicas.
Manuel
Argüello Rodríguez, sociólogo especialista en planificación urbana, es
profesor e investigador en la Universidad Nacional.