Argentina
negándose a la sustentabilidad
Eduardo
Gudynas
Durante
varios años Argentina fue presentada, junto a Chile, como ejemplo de los
beneficios de un estilo de desarrollo basado en un mercado liberalizado con
escasa presencia estatal. En Buenos Aires se repetía que el país estaba
entrando al Primer Mundo, había un alto ritmo de crecimiento económico,
llegaban masivamente los capitales extranjeros y emergían nuevas exportaciones
como el petróleo y la soja transgénica. Durante la llamada "fiesta
menemista" los grandes centros comerciales reemplazaron a las pequeñas
tiendas de barrio, los autos más modernos invadieron las calles y cayó el
transporte público. Hoy, tras la crisis institucional de diciembre de 2001, se
intenta infructuosamente frenar los problemas mientras los indicadores económicos
se desploman, se mantiene el peso de una enorme deuda externa y la pobreza se
dispara hasta haber hoy más de 20 millones de personas sumidas en ella. De
disfrutar del primer puesto en cuanto a ingreso per cápita en la región,
Argentina ha pasado al décimo lugar.
La
terrible situación de ese país ha venido a mostrar que es una falacia que el
crecimiento económico baste para fortalecer la gestión ambiental y que los
progresos económicos desencadenen un "goteo" de recursos para dicha
gestión. Ni siquiera en las épocas de mayor crecimiento económico en
Argentina se lograron mejoras en la normativa ambiental (por ejemplo, no se
aprobó una ley federal de evaluación del impacto ambiental) ni en la gestión
(es el caso de los terribles problemas de contaminación por efluentes
industriales que no se solucionaron); y, para colmo de males, el marco
institucional fue golpeado por denuncias de corrupción.
Entretanto,
las reformas de mercado volcaron la estrategia de desarrollo del país hacia la
exportación de recursos naturales -agrícolas, ganaderos, forestales, mineros y
petróleo y gas natural. La base industrial argentina fue destruida y las
exportaciones se "reprimarizaron" (llegando al orden del 60% del total
exportado). Se vendían recursos naturales con poco o ningún procesamiento y
poco valor agregado. En las ciudades el consumo material crecía con alta
generación de desperdicios. La obsesión con las metas económicas hacía que
se combatiera las medidas ambientales en tanto se las veía como trabas para
mantener las exportaciones. Justamente por esas razones el gobierno argentino
impidió la aprobación de un protocolo ambiental en el Mercosur y se alió a
Estados Unidos en la promoción del libre comercio internacional de transgénicos.
Este tipo de posturas, que fueron defendidas en la administración de Carlos
Menem, demuestran que en los hechos las estrategias neoliberales reducen los
aspectos sociales y ambientales a sus metas económicas. Donde se insinuaban los
conflictos entre rentabilidad y defensa del ambiente triunfaba la contabilidad.
El
posterior gobierno de De la Rúa se orientó similarmente y heredó algo que es
insólito en América Latina: se fragmentó la agencia gubernamental en ambiente
y recursos naturales, dándose un paso atrás en el marco institucional (en
nuestro continente siempre se ha avanzado en la institucionalidad ambiental, y
no existían antecedentes de un cambio en reversa). Han ya aparecido quienes
intentan aprovechar la situación actual ofreciendo emprender actividades económicas
de altísimo impacto ambiental a cambio de un poco de dinero. Se vuelve a
discutir importar basuras urbanas y construir un depósito de residuos nucleares
en la Patagonia. En el contexto presente, con la herencia de una
institucionalidad ambiental rota, un marco legal erosionado y el fuerte descrédito
de los líderes políticos, se hace difícil discutir la temática ambiental, ya
que lo urgente es el alimento y la vivienda.
Argentina produce alimentos que permitirían nutrir a más del doble de su población pero la estrategia actual de desarrollo lo impide. Ante esto, es la sustentabilidad -en tanto orientación en la gestión de la economía, lo social y el ambiente- la que muestra las mejores opciones de salida de la crisis. La sustentabilidad parte de que el primer compromiso es con la gente y su entorno y no con los mercados internacionales y, por lo tanto, la producción agropecuaria debe orientarse a aquellos fines. Ése es el camino de la sustentabilidad y no seguirlo significa condenar a millones a la pobreza y a la naturaleza a su destrucción.