Sistema
Nacional para la Calidad y agricultura
Ramón Corella
Hay
nuevas reglas para el comercio mundial de mercancías y servicios desde de la
firma de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, en 1995, cuando se creó la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y se enterró a su antecesor, el Gatt.
La nueva normativa esboza los estándares de calidad a nivel global y se vuelve
necesario ajustarse a ella para acceder al mercado mundial. Para esto los países
deben ajustar sus legislaciones, promover una renovación institucional,
participar en la solución de controversias, desarrollar sistemas de información,
acciones de capacitación, etcétera. En el sector agropecuario hay que regirse
por el Acuerdo Agrícola de la OMC, por medidas sanitarias y fitosanitarias
pautadas y por otras disciplinas que afectan los productos agropecuarios de
exportación. Cumplir con estos compromisos adquiridos requiere una nueva
legislación, inversiones, reasignación del gasto público, etcétera, aunque
lo prioritario es la renovación del marco regulatorio en relación con la
sanidad agrícola y pecuaria, con el uso de plaguicidas, con la producción y el
tratamiento de semillas, con la manipulación del material genético, con la
inocuidad alimentaria y con la trazabilidad.
En vista
de lo anterior, en 1998 en Costa Rica se emitió la Ley de Reconversión
Productiva del Sector Agropecuario, que empodera al Consejo Nacional de la
Producción (CNP) y provee los recursos financieros para su ejecución, ampliándole
sus funciones en lo referente a certificación de calidad para los productos
agropecuarios de consumo local y de exportación, considerando a la agricultura
como obligatoriamente en armonía con el ambiente, moderna, competitiva,
equitativa y dinamizadora del desarrollo, o sea, compatible con el desarrollo
sostenible. Desde entonces se ha hecho poco, por lo que hoy día se está contra
el tiempo y tanto el sector público como el privado han tenido que acelerar el
proceso de inserción en los cánones de calidad mundial.
En 2001
había una gran preocupación y se creó el Sistema
Nacional de Inocuidad de Alimentos, con participación del sector privado
(Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Cámara Costarricense de la
Industria Alimentaria y Cámara de Exportadores) y el sector público
(Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, CNP,
Instituto de Desarrollo Agrario, Caja del Seguro Social, Instituto de Acueductos
y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Riego y
Avenamiento, Instituto de Pesca, Ministerio de Salud y Pima) y el sector académico
(Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de
Costa Rica). En mayo de 2002 se publicó la ley de creación del Sistema
Nacional para la Calidad, que crea el Consejo Nacional para la Calidad, el
Laboratorio Costarricense de Metrología y el Ente Costarricense de Acreditación.
La concretización de los mandatos de esta ley nos permitirá estar armonizados
a nivel mundial y poder exportar sin que los países importadores nos pongan
barreras no arancelarias.
De
acuerdo con esta nueva concepción, las políticas públicas para el sector
agropecuario se han puesto a estimular el surgimiento y desarrollo de una
agricultura empresarial ligada principalmente a los mercados internacionales,
sustituyendo progresivamente la fuerza social de los antiguos productores de
alimentos básicos de autoconsumo, convirtiéndose la agricultura no tradicional
en el eje de la política agraria. Esto obliga al productor agroexportador, a
través de las fuerzas del mercado, a implementar las buenas prácticas agrícolas,
buenas prácticas de manufactura, la inocuidad alimentaria y la trazabilidad en
su modo de producción. El problema ahora es cómo insertar a los pequeños
productores en este estilo de producción agroalimentaria sostenible.
Ramón
Corella, ingeniero agrónomo, es profesor en la Universidad Nacional.