La
constitución de estructuras especiales -ad
hoc- para realizar lo que le corresponde al estado no es nueva en Costa
Rica. La constitución de ese estado paralelo existe desde tiempos inmemoriales
en todos los sectores del aparato: desde el relacionado con la gestión
empresarial hasta el de los organizadores de comunidades, desde la lucha
campesina hasta Cinde (la empresa privada que maneja la política de comercio
exterior del país). Esa triangulación
se hace con la excusa de que el aparato estatal y las instituciones en general
son ineficientes, burocratizadas, supernumerarias, anquilosadas, malas
empresarias, gastonas, administrativistas y supervigiladas por la Contraloría,
y de que, encima, tienen que cumplir con la Ley de Contratación Administrativa,
que se tilda de entrabante. Trátase de una plaga del siglo XX que pretende
extenderse al XXI y perdurar al margen de los discursos abelinos
o pactidarios.
En
las últimas dos décadas, o sea, desde la conformación de los “frentes” de
lucha por vivienda a principios de los ochenta (impulsados por funcionarios del
más alto nivel: para empezar, el vicepresidente del gobierno 1982-1986, y,
luego, el ministro de Vivienda y el presidente Arias en 1986-1990), se ha
preferido crear organismos paralelos para gestionar los proyectos habitacionales
con el objetivo expreso de agilizar el proceso y evitar lentas licitaciones,
pero con el obvio resultado de abrir una vía para el abuso y la estafa que han
estado sufriendo consuetudinariamente durante más de veinte años quienes
carecen de vivienda. Pero no es ésa la única triangulación. Por el lado más
formal, las mutuales no son otra cosa que un estado paralelo legal y autorizado
por una ley -la del Banco Hipotecario de la Vivienda- que les permite hacer lo
mismo que a los zopilotes de la vivienda. Éste ha sido el principal impulso
estatal a una forma de urbanismo improvisado y dirigido por los diputados de
ocasión, particularmente todos aquellos pegabanderas que, luego de escalar y
escalar, llegan a la Asamblea Legislativa, proliferando en las dos últimas décadas
hasta casi copar esta entidad. Ese urbanismo improvisado paraestatal es el
principal causante del desastre urbano de hoy.
El
impacto ambiental y urbano de estos procedimientos es incalculable pero colosal;
lo podemos ver en la inmensa deforestación de toda la cuenca del Virilla,
ocupada en particular en el sur de la ciudad de San José por decenas de miles
de viviendas informales formalizadas por el estado paralelo legal o ilegal.
Este
esquema de acción informal legalizado permite además canalizar fondos públicos
más o menos raquíticos con un enorme impacto propagandístico. Se suman y
suman acciones y los números duplicados o triplicados permiten que las menos de
50.000 viviendas de la administración 1986-1990 se conviertan en las 80.000 que
todo mundo sigue creyendo se hicieron.
Más
recientemente, el programa gubernamental Triángulo de Solidaridad sirvió para
levantar la imagen personal de su gestora aquí y fuera del país, simplemente
con la nueva denominación de una vieja práctica, con iguales impactos, pero
ahora no solo en las principales ciudades sino también en muchos cantones y
pueblos. Los triángulos (gobierno central – municipio – comunidad) suenan
bien como propaganda, pero su labor ha consistido simplemente en reunir en un
informe las obras que de hecho los ministerios e instituciones estarían por
hacer (una escuela, una cañería, un puentecito rural, una nueva calle, etcétera),
por las que de todos modos las comunidades y sus municipios estaban clamando
desde años atrás (en todas las comunidades hay enormes déficits
infraestructurales), y nada más fácil que hacer una reunión para anunciarlos,
o para hacer la lista y reducirla al mínimo de manera que alcance el
presupuesto del año siguiente de la misma institución (Instituto Costarricense
de Electricidad, Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Educación,
Instituto de Aguas y Alcantarillados, etcétera). Así, el triángulo no
planifica nada, sino que sigue los vaivenes del presupuesto de cada institución
y, además, permite la propaganda para crear imagen y utilizar algunas
instituciones internacionales para canalizar con mayor rapidez los fondos públicos,
sin el estorbo de la Ley de Contratación Administrativa. De paso, los diputados
y los candidatos a serlo disfrutan de una serie de reuniones de cumplimiento de
promesas, aunque sean parciales. Este procedimiento igual impacta negativamente
en las condiciones de por sí deterioradas de la relación sociedad-naturaleza,
ya que evade la planificación y desarrolla múltiples acciones puntuales sin
orden ni concierto.
El
más reciente intento de triangular la acción estatal es tan peligroso o más
que los anteriores. No solo es ilegal, sino que ya ha hecho que se pierdan
enormes esfuerzos y millones de colones en una acción sin productos o, más
bien, con productos propagandísticos que no se convierten en acciones, dejando
pasar el tiempo y desperdiciando los esfuerzos de cientos de profesionales bien
intencionados en un proceso que, a lo sumo, dará un informe como muchos o -para
estar a la moda- un disco compacto con documentos inútiles y sin impacto real
en la urbanización y el ordenamiento territorial que el ambiente está pidiendo
a gritos. Peor aun, podría costar una millonada si se deja canalizar los fondos
por la vía del estado paralelo, sin que haya forma de evitar desviaciones y la
contratación de consultorías que terminan en un documento para decorar
anaqueles o -para estar a la moda- una presentación de diapositivas o videos,
igualmente decorativos.
Este
intento no es otro que la creación por medio de un decreto, que contraviene la
Ley de Planificación Urbana N° 4.240 (uno más de la Administración Rodríguez),
de la Secretaría Ejecutiva del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que,
luego de denuncias y críticas desde el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (Invu) desde hace dos años, se disfrazó de legal creándola como
“adscrita” a la Dirección de Urbanismo. Esta Secretaría, que prácticamente
se reduce en términos de toma de decisiones a su secretario, ha estado
negociando una vieja oferta de donación de la Unión Europea por diez millones
de euros y ha pretendido canalizar esa inmensa suma para desarrollar su proyecto
de PNDU.
Aparte
de que luego de dos años el disco compacto y las series de diapositivas
generados por el PNDU (sus únicos productos) no recogen los múltiples
planteamientos hechos por decenas de profesionales en decenas de talleres, los
documentos teóricos y metodológicos producidos son de bajo nivel y tienen
enormes vacíos informativos y temáticos (ni siquiera se mencionan los
desastres “naturales” y el urbanismo preventivo) y particularmente ignoran
las más recientes escuelas de pensamiento en el campo del ordenamiento urbano,
regional y ambiental.
Este
nuevo triángulo golpearía –con fondos de la cooperación internacional- muy
seriamente al urbanismo si, como se ha estado intentando, tales fondos se
canalizaran por vía de un organismo ad
hoc, creado por decreto y al margen de las instituciones que por ley son las
responsables de controlar y actuar. Ello lo que permitiría sería la apertura
formal de un procedimiento que facilitaría la contratación privada (por un
ente paralelo) de tareas que corresponden al estado. Además de los peligros ya
conocidos, el esquema tiene una especial trascendencia en la dimensión urbana y
ambiental, pues enfoca el ordenamiento del territorio desde una perspectiva
tecnocrática y efectista (exposición de diapositivas con índices sin
contenidos teóricos, con diseños arquitectónicos en la Estación del Pacífico
sin que el Instituto de Ferrocarriles haya decidido clausurarse, sino más bien
al contrario, etcétera) y sin integrar los municipios, la Dirección de
Urbanismo ni otros entes públicos como las universidades, en forma decidida.
En vez de un nuevo estado paralelo, con todos sus peligros, debiera
canalizarse tales fondos a la Dirección de Urbanismo del Invu para que junto
con los municipios y otros entes públicos (como el Instituto de Fomento y Ayuda
Municipal, las universidades, el Instituto Geográfico Nacional, etcétera)
desarrolle el PNDU y se fortalezcan las capacidades de control, planificación y
regulación del territorio, para que se capaciten los técnicos, regidores y
alcaldes, para que se organicen los planes reguladores por regiones, cuencas,
microcuencas, zonas fronterizas y se fortalezca la capacidad local de los
gobiernos locales, para controlar y orientar el desarrollo mediante el diseño
de estrategias de desarrollo regional donde lo productivo y lo social sean
considerados elementos fundamentales del desarrollo ambiental local y
comunitario, de manera que la producción no sea depredadora y se dirijan los
esfuerzos conjuntos hacia el ordenamiento del territorio en forma de planes de
preinversión donde el ambiente y la explotación de recursos encuentre un
equilibrio armonioso.
Manuel
Argüello es sociólogo especialista en planificación urbana, profesor e
investigador en la Universidad Nacional y directivo del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo.