Hoy,
más que nunca, constatamos que el agua constituye el límite a la
sustentabilidad, puesto que su sustitución no es posible. De hecho, el agua es
ya materia fundamental de las políticas de seguridad nacional de no pocos
estados.
El
capitalismo ha consolidado su proceso de expansión caracterizado, en esta
actual etapa, por la hegemonía del poder y los intereses de las corporaciones
transnacionales que exigen mercados de bienes y de intercambio globales. Esta
forma de la empresa capitalista surgió a partir de la II Guerra Mundial y se
consolidó en los años setenta, por lo que no es extraño el surgimiento en esa
década del llamado “consenso de Washington”. El poder de estas
transnacionales está definiendo la evolución de la economía global, las políticas
económicas de los estados y el destino de la base de la riqueza de las
sociedades: la naturaleza y el trabajo humano. Pero el triunfo global del
capitalismo presagia también su crisis global, lo que se ha denominado la
tendencia decreciente de la tasa de beneficio del capital. De tal forma, a pesar
del espectacular crecimiento del stock
de capital, en los últimos años asistimos a un fenómeno sumamente revelador:
en la composición del producto global la parte del stock
del capital productivo no cesa de aumentar, al tiempo que la parte
correspondiente a los beneficios muestra una declinación constante.
En
los últimos años también se da uno de los síntomas más notorios de la
crisis del capital, cual es la tendencia a la simultaneidad de las recesiones de
las grandes economías. Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento global es
relativamente menor, lo que nos lleva a enfrentar una situación en la que se da
un agresivo proceso de redistribución del correspondiente producto y sus
beneficios. Obviamente, esta redistribución será determinada por quienes
ejerzan ese poder global. Entonces, la globalización de la economía desemboca
en la concentración de la riqueza y el poder en unos cuantos. Sin embargo, este
proceso no está exento de contradicciones, y éstas se han evidenciado en el
fracaso de las negociaciones en torno al Acuerdo Multilateral de Inversiones.
La
empresa transnacional es global por el alcance y los escenarios en que se
realizan sus operaciones, tanto propiamente productivas como de toma de
decisiones y sus correspondientes flujos financieros. Es, pues, un engranaje que
demanda una enorme flexibilidad. La estrategia, entonces, es clara: sentar las
bases institucionales para la flexibilización del accionar del capital global,
profundizar el proceso de apropiación de los factores de la función de
producción -los cuales son básicamente los recursos y servicios naturales y la
fuerza de trabajo- e incorporar nuevos negocios en sectores que precisamente
suponen las mejores posibilidades de incrementar la acumulación de capital. Esto
se logra abriendo nuevos mercados que son precisamente aquellas áreas
protegidas por diferentes regulaciones y legislaciones (local, nacional,
regional e internacionalmente) y aquellas que están en manos del estado. En
efecto, los recursos y servicios naturales están siendo sometidos a una
agresiva e intensificada mercantilización (la fuerza de trabajo es ya de por sí
una mercancía). Toda esta estrategia es, de hecho, muy familiar para todos
nosotros y podemos resumirla como ajuste
estructural.
Actualmente,
estamos viviendo la tercera etapa del ajuste estructural, expresada en la
globalización bajo el liderazgo de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
como concreción máxima de la apertura de los mercados hacia un espectro total
de actividades, incluyendo la herencia genética,
los servicios y bienes suministrados por el estado y los recursos y
servicios de la naturaleza. La estrategia de globalización busca romper con
toda barrera para el acceso a los recursos, disfrazado todo ello con la consigna
de eliminación de las distorsiones para el crecimiento de la actividad económica.
En todo este esfuerzo liberalizador continuamente se hace mención de la
protección del ambiente y de los derechos humanos y laborales; sin embargo, en
caso de disputa el criterio que resuelve es el del intercambio comercial global:
se aplica en todo caso la regla menos restrictiva al comercio.
Aquí
entra, por supuesto, el agua, que, como insumo básico para la agricultura, la
industria y el consumo humano directo, ha sido incorporada de hecho al proceso
de mercantilización de los recursos (entre los muchos ejemplos de esto destaca,
por su brutal implementación, la privatización del agua en Cochabamba,
Bolivia). Sin embargo, el capital requiere reglas claras e institucionalmente
establecidas, lo cual se logra mediante los procesos de negociación o, más
bien, de imposición comercial. Particularmente, son de relevante importancia
las negociaciones que en el marco de la OMC se desarrollan en este tema como
parte del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (Gats, por sus siglas en
inglés). Los
servicios son el sector de mayor crecimiento en el mundo; en los países de la
OECD constituyen entre el 60 y el 70% del GDP y del empleo, pero representan sólo
el 20% del comercio mundial.
Antes
de 1995 los acuerdos de liberalización comercial enfatizaban en bienes, no en
servicios. No obstante, la lógica de acumulación del capital global exige la
incorporación de nuevos negocios, función que de sobra cumple el sector
servicios, dentro del cual se incluyen servicios tan diversos como los
financieros, el aseguramiento, las inversiones, las telecomunicaciones, el cine,
internet, la construcción e ingeniería, la distribución de bienes al detalle,
las franquicias, el turismo, la energía (considerando un amplio espectro de
sectores y operaciones, desde electricidad hasta petróleo y energía nuclear),
y también servicios esenciales como la educación, la salud, los servicios
ambientales (manejo de desechos entre otros) y el suministro de agua.
El Gats es uno de muchos acuerdos
bajo la sombrilla de la OMC. Su misión es eliminar lo que en la
nomenclatura de la OMC se conoce como “restricciones innecesarias y
regulaciones gubernamentales internas que constituyen barreras al comercio entre
los países en materia de servicios”. Se trata de un
"acuerdo de marco multilateral", lo que significa que en un principio
se define un amplio mandato y posteriormente se agrega nuevos sectores y reglas
mediante negociaciones permanentes. Las negociaciones en el marco del Gats aplican a
toda acción o medida emanada de un gobierno, a escala local, nacional o
regional, incluyendo subsidios, donaciones, requerimientos de nacionalidad o
residencia, regulaciones
cuantitativas, laborales y ambientales y un largo etcétera. Estas negociaciones
formalmente se iniciaron en febrero de 2000 y se espera concluyan en diciembre
de 2002. Su poder de vinculación es enorme -recordemos la capacidad de la OMC
de establecer sanciones.
Como
señalamos anteriormente, los procesos de
negociación globales reflejan las contradicciones entre los diferentes bloques
del poder transnacional; por ejemplo, en el marco de la OMC encontramos a EU, a
la Unión Europea, a Japón y los tigres
asiáticos, a China, al Tercer Mundo y próximamente también a Rusia. Esto
hace que surja la necesidad de constituir todo un espectro de organizaciones -es
decir, procesos de ejercicio del poder- a través de las cuales se pueda
impulsar la liberalización del agua en función de determinados intereses, en
los cuales ocupan una posición relevante la Unión Europea y, en especial, las
transnacionales francesas del agua: Suez Lyionnaise des Eaux y Vivendi S.A.
Podemos
citar las siguientes instancias que impulsan la estrategia de la mercantilización
del agua:
Consejo
Mundial del Agua, con la participación de la ONU, Banco Mundial, Asociación
Internacional de Recursos Hídricos, que incorpora a asociaciones profesionales,
a empresas, a ministerios del ramo, a instituciones financieras internacionales
y a la Suez Lyonnaise.
En
1996 se establece el Global Water Partnership (GWP), red de acción de
organizaciones interesadas en el sector agua cuyo fin es encontrar las
herramientas que permitan solucionar este problema, en especial en los países
del Tercer Mundo. En GWP participan organizaciones no gubernamentales,
organizaciones gubernamentales y bancos multilaterales; en su Consejo de
Administración encontramos a la Suez Lyonnaise, al Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible y al Banco Mundial. Su orientación es
estrictamente de mercado: el agua es vista como una mercancía
con valor económico en sus usos competitivos.
El
gobierno francés, a través de la Asociación Francesa para la Normalización,
ha propuesto que las regulaciones sobre el agua potable deben estar bajo el
alcance de la Organizacion Internacional para la Estandarización (Iso), que es
reconocida por la OMC como productora de estándares para un comercio legal. Sus
estándares serían un techo, por encima de toda otra regulación, enfocados en
el producto y no en procesos.
En
1998 la Comisión sobre Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de
la ONU recomendó a los gobiernos acceder a las grandes multinacionales, dado su
enorme capital y capacidad tecnológica, y crear un mercado abierto del agua. La
administración Bush también ha intensificado sus esfuerzos con miras a lograr
asegurar la primacía de sus intereses a nivel continental a través de la
liberalización del comercio regional y, en consecuencia, de la mercantilización
de los recursos y servicios naturales. Es con este fin que se avanza hacia el Área
de Libre Comercio de las Américas, siendo sus caballos de batalla el Plan
Puebla Panamá, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, el Plan
Colombia y la Iniciativa Andina.
El agua, en este contexto, es concebida como objeto del intercambio comercial, es decir, como “mercancía económica”. Conforme a esta visión, no se reconoce el agua como elemento base de los procesos de vida, ni tampoco como un derecho humano fundamental. En el mejor de los casos se le ve como una necesidad humana que se ha de satisfacer a través del mercado, amenazándose así la gestión sustentable del agua y, especialmente, la equidad en el acceso a ésta. Es obvio también que la incapacidad de nuestros gobiernos para garantizar una gestión integral del patrimonio hídrico contribuye a esta estrategia de mercantilización del agua.
Manuel López