Las negociaciones para constituir un Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) se iniciaron en 1994 por el impulso de Estados Unidos. Es un proyecto donde participa ese país junto a Canadá y las demás naciones de Latinoamérica y el Caribe, con excepción de Cuba. En caso de concretarse, será el bloque comercial más grande del mundo, con más de 800 millones de personas.

Muchos interesados en temas ecológicos supondrán que un acuerdo comercial tiene poco que ver con los problemas ambientales continentales. La realidad es otra: buena parte de los impactos ambientales se deben a la extracción de recursos naturales para la exportación. Alrededor del 75% de las ventas latinoamericanas son recursos naturales sin procesar o con poco procesamiento, tales como minerales, petróleo y productos agroalimentarios. A su vez, esas exportaciones representan un promedio del 20% del PBI regional, dejando en claro el peso determinante que tienen dentro de las economías nacionales.

Esta problemática ambiental se encuentra inmersa en un fuerte debate comercial en el que muchas naciones latinoamericanas requieren el desmantelamiento del proteccionismo de EU y Canadá para aumentar sus ventas agrícolas, a la vez que se resisten a incluir cualquier medida ambiental en los acuerdos. A su vez, Washington presiona por extender la aplicación de las reglas del comercio: considerando mercancías muchos elementos que hasta hace poco no lo eran y, entonces, aplicándoles aquéllas. Los casos más claros se refieren al agua (privatización de los recursos hídricos) y a la creación de servicios ambientales (por ejemplo, compra y venta de sumideros de carbono).

En su actual configuración, el Alca está claramente inspirada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que vincula a EU con Canadá y México. La iniciativa se restringe al plano económico, y más específicamente comercial, sin contrapesos políticos sustantivos. Por lo tanto el Alca aparece como un acuerdo asimétrico en el que las naciones de América Latina y el Caribe deberán reducir sus aranceles y protecciones, de hecho ya muy bajos, sin saberse cuáles serán las contrapartidas de EU y Canadá en rubros clave como el agroalimentario. La misma asimetría se repite en otras cuestiones, como con la pretensión de Washington de mantener sus mecanismos de antidumping o de expandir sus exigencias en patentes.

El Alca, tal como se propone, es además un proceso de articulación entre países que genera subordinación. No tiene como contrapeso un proceso de integración en otras esferas, como la política, la cultural, etcétera. El caso del TLCAN es igualmente ilustrativo: allí los ciudadanos mexicanos siguen necesitando pasaporte y visa para viajar a EU y se carece de una política común productiva acordada entre los países.

Finalmente, todo parece indicar que, siguiendo el ejemplo del TLCAN, se transferirán enormes capacidades de acción a las empresas internacionales y su flujo de capitales, incluyendo serios recortes a la soberanía de cada país para regularlas. Aquí aparece el problema más urticante, ya que en sentido estricto no se refiere a un país que se impone sobre otro (asumir que es una imposición de EU sobre las naciones latinoamericanas sería una simplificación), sino que es algo más profundo: se impone una nueva manera de generar reglas y normas que no tiene necesariamente una ubicación geográfica. Esta nueva racionalidad operará sobre todas las naciones, y eso hace que también EU y sus ciudadanos la sufrirán. Esto se debe a que las empresas transnacionales quedan desvinculadas de sus países de origen, y ellas pueden demandar no sólo a otras empresas sino también a los estados. Por lo tanto, emerge un serio problema de erosión del estado-nación.

Las consecuencias sobre las políticas ambientales son enormes. Los ecosistemas, su fauna y su flora, y hasta los flujos ecológicos, pasan a ser considerados mercancías, donde operarán las reglas comerciales, y para colmo esos procedimientos quedarán condicionados por las acciones de empresas extranjeras. Varios casos que han tenido lugar en el TLCAN alertan sobre esas implicaciones, siendo uno de los más conocidos aquél en que una empresa estadounidense demandó al gobierno mexicano por haber éste impedido habilitar una planta de tratamiento de residuos en Potosí. Ése y otros casos son dirimidos por comités de arbitraje comercial sin ninguna intervención de las autoridades ambientales o de los poderes judiciales nacionales. Incluso pueden ir más allá de la soberanía nacional: Ethyl Corp., de EU, demandó al gobierno canadiense rechazando la prohibición sancionada por su parlamento de usar un aditivo de la gasolina que era cancerígeno. La empresa ganó el caso, recibió 13 millones de dólares, y Canadá  tuvo que sufrir la humillación de emitir un comunicado público indicando que la sustancia no era riesgosa, debiendo reformar su propia normativa nacional.

Éstos y otros ejemplos muestran que el Alca es mucho más que un acuerdo comercial y que determinará no sólo nuestras políticas ambientales, sino que también afectará nuestra propia soberanía.

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