El
gobernabilidad del agua se refiere al
rango de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos dispuestos
para regular el desarrollo y la gestión del recurso hídrico y la provisión de
servicios de agua en los diferentes niveles de la sociedad. Por tanto, los temas
de gobernabilidad tienen importantes implicaciones en la gestión del recurso hídrico
en todos los niveles administrativos -global, nacional, regional y local- y son
prerrequisito para la implementación exitosa de la gestión integrada de dicho
recurso.
Las soluciones a las crisis actuales y
venideras no serán, en su mayoría, responsabilidad de nuevos y extraordinarios
avances tecnológicos o de enfoques orientados al suministro, sino que provendrán
del cambio de las maneras en que usamos y administramos el agua. En
consecuencia, los cambios apropiados en el proceso de gobierno de este recurso
son la clave para la gestión sustentable del mismo en el futuro.
La gobernabilidad del agua se percibe, en su
sentido más amplio, como una acción que involucre a todas las organizaciones e
instituciones sociales, políticas y económicas consideradas importantes para
el desarrollo y la gestión de las aguas. Dadas las complejidades del uso del
agua en la sociedad, manejarla de manera efectiva y equitativa supone asegurar
que las voces dispares sean escuchadas y comprometidas en todas las decisiones
que las afectan. O sea, se debe involucrar de manera efectiva a todos los
usuarios del recurso y a las instancias encargadas de la administración y la
protección del mismo.
La
gobernabilidad efectiva del recurso hídrico requerirá del compromiso conjunto
de los gobiernos, de los diversos grupos de la sociedad civil -especialmente a
escala local o comunitaria- y del sector privado. Si bien los gobiernos juegan
un rol importante para asegurar una gestión equitativa y sustentable del
recurso hídrico -porque fijan las políticas y las leyes generales para el
desarrollo, administración y uso de él-, no pueden operar de manera aislada.
Es necesario involucrar a todos los usuarios de agua
en el proceso de desarrollo de políticas y normativas para su uso y
administración. El establecimiento de un "ambiente propicio" para el
gobierno del agua requiere la creación de un marco de políticas para adjudicar
y administrar de manera apropiada el recurso hídrico -según los diferentes
usos en competencia- y regular su calidad, y requiere también la existencia
segura de unas adecuadas capacidad y sentido de responsabilidad por parte de las
instituciones reguladoras y administradoras que implementan las políticas.
Asimismo, tal "ambiente propicio" debe incluir una legislación sobre
los principios a partir de los que se quiere gestionar el agua y también sobre
los derechos y beneficios relativos a ésta, especialmente para asegurar la
sostenibilidad y reivindicar estrategias tendientes a alcanzar el desarrollo y
la gestión integrada del recurso hídrico tomando en consideración las
necesidades de los sectores excluidos.
Lograr
una efectiva gobernabilidad de las aguas es un proceso político que necesita
ser abordado en el contexto de la gestión integrada del recurso, gestión cuyo
enfoque exige que los procesos de toma de decisiones sean delegados al nivel más
bajo capaz de manejar tales tareas: normalmente el gobierno local y las
instituciones u organizaciones comunitarias, cuyos roles y funciones, así como
los diferentes niveles de autoridad, deben ser ajustados apropiadamente.
Para
construir instituciones efectivas se necesita acciones que aseguren la
participación de la comunidad y la representación de todos los usuarios de
aguas involucrados en estos procesos. La construcción de capacidades humanas e
institucionales relacionadas con el recurso hídrico es importante para su
desarrollo y gestión sustentable. Es necesario que los tomadores de decisiones,
los administradores y los usuarios mismos aumenten su capacidad de manejar el
recurso hídrico escaso tomando en cuenta las mayores demandas de los usuarios y
las necesidades ambientales, que impulsen el desarrollo de una estructura
tarifaria apropiada que tome en cuenta las necesidades de los pobres, que
aumenten los ingresos requeridos para sustentar tanto los servicios
suministrados como el recurso en sí, y mucho más. El logro de un apropiado
proceso político es la clave para un gobierno efectivo de aguas y una
implementación exitosa de la gestión integrada del recurso. Solo cuando éste
sea gestionado de una manera que responda a las necesidades económicas y
sociales y a su sustentabilidad a largo plazo, se podrá lograr la meta de la
seguridad de acceso al agua. Esto es lo que el diálogo sobre gobernabilidad del agua se propone abordar: ¿cómo
lograr que el ambiente propicio y el esquema institucional sean los adecuados?
Se
realizará, además, estudios sobre los sistemas actuales del gobierno de aguas,
los cuales identificarán los temas políticos críticos en cada nivel de éste.
Para esta identificación se usará la caja
de herramientas de la gestión
integrada del recurso hídrico, y cualquier estudio de caso que surja de los
diálogos se incorporará a tal caja.
Los
resultados de las mesas redondas, los estudios y las discusiones se emplearán,
en el corto plazo, como material preparatorio para los debates especiales de
panelistas sobre gobierno del agua que se realizarán en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sustentable, en Johannesburgo en septiembre de 2002, así como en el
Tercer Foro Mundial de Aguas, en Japón en 2003. En el largo plazo, los
resultados del diálogo se emplearán
para fortalecer los procedimientos que busquen una gobernabilidad efectiva del
agua a escala mundial, acercándonos hacia la meta de seguridad de acceso, es
decir, que cada ser humano pueda acceder a una agua segura para beber, con
servicios sanitarios apropiados, alimentación, energía y otros buenos usos a
un costo razonable, además de mantener y proteger el ambiente.
El pasado 24 de abril se realizó, en San José, el Encuentro Nacional Hacia una Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Costa Rica. A partir de este evento, que contó con la participación de más de 200 representantes de los sectores gubernamental-ejecutivo, legislativo, académico, privado y de organizaciones de la sociedad civil, convocados por la Asamblea Legislativa y GWP, ha empezado a caminar un proceso de construcción de un marco legal y administrativo de las aguas en nuestro país, como parte de una estrategia por el mejoramiento de la gobernabilidad del agua en Costa Rica.
El
trabajo de análisis y reflexión para darle seguimiento a este proceso ha
arrancado con el estudio de las tres propuestas de proyecto de ley que sobre el
tema del agua se han presentado a la Asamblea Legislativa (expedientes Nº 14.585 [del Minae], Nº 14.594 [de la Defensoría de
los Habitantes] y Nº 14.598 [del ex diputado José Merino]). El propósito es conformar una comisión de estudio,
constituida por los redactores de las propuestas, representantes gubernamentales
y miembros de organizaciones no gubernamentales, la cual coordinaría con un
grupo asesor mucho más amplio, al tiempo que se programaría nuevos encuentros
y foros de discusión.
En forma paralela y para acompañar este proceso, se ha instaurado un foro
virtual a través del que estamos compartiendo ideas sobre la manera más
participativa de darle seguimiento al proceso y ahondando la discusión sobre la
gobernabilidad del agua [cualquier persona interesada puede solicitar su
inscripción en tempis@racsa.co.cr].
Sabemos que estas actividades son apenas un pequeño paso en el camino que lleva
hacia la gestión integrada del recurso hídrico, sin embargo confiamos en que
las condiciones están dadas, solo nos hace falta la voluntad y el compromiso de
todos los sectores interesados.
Maureen
Ballestero