El agua es el elemento más
importante para la vida, pero hace tiempo dejó de ser un recurso abundante y de
fácil acceso en el mundo, convirtiéndose en una mercancía preciada y cara
pero destruida excesivamente. Desde la perspectiva de la sobrevivencia humana
resulta más estratégica que el petróleo. Su dominio nacional y mundial
suscita disputas y grandes negocios que involucran regiones de países,
gobiernos y empresas privadas nacionales y mundiales, y su control es parte de
las estrategias globales de acumulación de capital.
Costa Rica no está al margen de
los conflictos por el agua, a pesar de que las expresiones sociales, políticas
y económicas de los mismos están apenas aflorando. De cara al complejo
panorama social que ya se avizora en nuestro país en función del agua, creemos
necesario tratar tres aspectos del problema: la carencia de planificación para
la producción de agua, su explotación energética y la inequidad en el pago
por este recurso.
Planificación
para la producción
“Producir” agua puede
resultar un término extraño, por tratarse de un recurso que hasta hace poco
tiempo era de fácil acceso. Pero la escasez de agua como problema global obliga
a comprender que ésta corre el riesgo de inminente agotamiento. Entendemos por
producción de agua todas las acciones encaminadas a proteger y recuperar todas
las áreas vitales para la existencia del agua, como zonas de filtración, áreas
de recarga acuífera, nacientes, ríos, quebradas, riachuelos, etcétera.
Comparativamente, el agua se produce igual que cualquier otro producto de la
tierra, y la condición para que exista es la sobrevivencia de los bosques y la
protección de las áreas indicadas. La desaparición de bosques significa la
liquidación de la producción de agua.
A pesar del riesgo inminente,
que se manifiesta en racionamientos de agua cada año más frecuentes y
prolongados en todo el país, no se
cuenta con planificación para asegurar la producción de agua a mediano y largo
plazo. Éste es un asunto que ni siquiera está en la agenda nacional.
Los proyectos relacionados con
agua se han ocupado
fundamentalmente del acceso entendiendo por esto su distribución en las
comunidades y caseríos. Por esta razón, la preocupación principal fue, y
sigue siendo, la construcción de acueductos. La visión de solo los tubos no
permite frenar gravísimos problemas como el agotamiento de las fuentes de agua
cercanas a las comunidades, debido a que el inadecuado uso de la tierra conduce
a la desprotección parcial, y en la mayoría de los casos total, de las áreas
de nacientes y de recarga acuífera. Como consecuencia, cada día son más las
comunidades que deben construir acueductos desde lugares lejanos, con
inversiones cada vez más elevadas y, como efecto directo, presiones al aumento
del precio del agua.
El control de la calidad del
agua, si bien es un asunto esencial, ocupa un segundo puesto de atención, y se
realiza sobre el supuesto de la existencia per
se del agua. En todo caso, las acciones del Instituto de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), municipalidades y las asociaciones que controlan los
acueductos rurales (asadas) en esta
materia no cumplen su objetivo. Los resultados del análisis de una muestra de
2.033 acueductos analizada por AyA en el año 2000, indica que 990 no son
potables [ICAyA. 2000. Situación de
cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica.AyA. San José].
El privilegio en la distribución
y la calidad del agua responde a una visión en que se la considera como un
recurso natural inagotable, de ahí que los entes involucrados en su manejo no
pongan la atención en la producción de la misma, que es el problema estratégico
fundamental. Las gestiones de distribución, administración, control de
calidad, etcétera, de las entidades relacionadas con el agua, dependen
de si existe agua en cantidades suficientes para atender la demanda. La
planificación de la producción del agua obliga a la protección de los bosques
o parches de montañas en nacientes y áreas de recarga acuífera que
constituyen las áreas vitales para su producción.
La protección del agua desde
una perspectiva integral, es decir, que contemple como prioridad su producción,
implicaría, entre otras medidas urgentes, una modificación del artículo 3 de
la Ley Forestal, pues la definición de bosque como área de dos o más hectáreas,
con más de 140 árboles de más de 15 centímetros de diámetro, con varios
doseles, etcétera, excluye la mayoría de las áreas de las nacientes que
abastecen de agua a comunidades enteras o a grupos de familias en todo el país.
Según esta definición, son muy pocas las nacientes dentro de bosques, por lo
que muchísimas acciones de destrucción de cuerpos de agua quedan impunes. Otro
tanto ocurre con la flexible o nula aplicación del artículo 33 de la misma
ley, que establece como área de protección de nacientes 100 metros de radio
medidos horizontalmente.
La importancia social de una
naciente queda establecida, de hecho aunque no jurídicamente, desde el momento
en que al menos una familia debe utilizarla como su única fuente de
abastecimiento. La protección de nacientes y bosques asociados a la producción
de agua debe ser irrestricta e ilimitada para que incluya los pequeños parches
de bosque, o los terrenos que deberían someterse a recuperación.
Paralelamente, se requiere decisión de parte de las autoridades nacionales como
AyA, Minae, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, etcétera, para
aplicar todos los extremos posibles de las leyes de Aguas y Agua Potable,
Forestal, General de Salud y otras, y
asegurar criterios de ordenamiento territorial y uso adecuado del suelo en las
áreas de producción de agua. Si las autoridades estatales asumieran liderazgo
servirían de ejemplo para elevar el compromiso colectivo en las comunidades.
También es indispensable la
implementación de programas, o incluso pequeñas iniciativas, de información y
educación dirigidos a los usuarios y usuarias. Las campañas contra el
desperdicio de agua son necesarias, pero resultan infructuosas si no se atiende
el problema de fondo que es la producción. Las acciones concretas como señalización,
mojonamiento, cercado, limpieza, descontaminación y reforestación de nacientes
y áreas de recarga acuífera son las más urgentes, pero también las que
generan confrontación social, de ahí que las acciones de instituciones como el
Minae, que debería ejercer un liderazgo claro, y de las mismas comunidades,
sean tan débiles en este campo. Con adecuada dirección estas acciones son las
que pueden garantizar el resguardo de las áreas de producción del agua, y
sobre todo permitir la incorporación de las comunidades en la protección y
recuperación del recurso hídrico. La reeducación debe enfilarse a que las
personas establezcan relaciones positivas entre, por un lado, uso de la tierra
para la producción y, por el otro, la protección de la naturaleza y
especialmente de las áreas de producción de agua.
Explotación
energética ilimitada
La planificación del uso del
agua, de la cual carecemos en Costa Rica, es distinta de la planificación de la
explotación del recurso hídrico para proyectos energéticos y productivos. Uno
de los usos más intensivos del agua se da en la agricultura
que, según el Banco Mundial, consume en promedio
70% del agua dulce en la mayoría de los países, y hasta el 90% en algunos.
Otro uso intensivo del agua en el mundo y en Costa Rica es la construcción de
represas. Tanto el Banco Mundial, con créditos cercanos a los $4.000 millones
por año para hidroeléctricas [International Rivers Network. 2000. Guardianes
de los ríos. Sin lugar: 13], como el Banco
Interamericano de Desarrollo, han financiado por décadas la explotación energética
del agua, y si bien en algunos casos, como Costa Rica, la cobertura y calidad de
la electrificación han sido amplias, otro resultado real es que los impactos
sociales y los desastres ambientales no han sido repuestos.
El embalse Angostura, que detiene los ríos Reventazón, Tuis y
Turrialba, es un claro ejemplo de falta de planificación y mitigación de
impactos ambientales y sociales. Aun para proyectos en proceso no existen planes
de manejo integral y mitigación de impactos, a pesar de que los estudios de
impacto ambiental fueron aprobados.
En términos
de protección del agua, la planificación de proyectos hidroeléctricos no
implica protección del agua sino todo lo contrario. El escenario que se perfila
en Costa Rica es que prácticamente todos los ríos corren peligro de ser
represados. Existen decenas de propuestas de
proyectos hidroeléctricos privados y, en cuanto al estado, el plan recomendado
de generación eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad (Ice),
2001-2018, incluye 32 proyectos, muchos de los cuales suponen elevadísimos
costos sociales, ambientales y culturales.
La falta de planificación para
el uso y explotación del agua deja abierta la posibilidad de que prácticamente
todos los ríos se conviertan en materia prima para la generación de energía,
dejando de lado sus otras cualidades como recursos naturales y sociales. Tal es
el caso de sobreexplotación de la cuenca del Sarapiquí, en la que existen ya
ocho hidroeléctricas (dos estatales y seis privadas) y se proyecta ocho más.
El Pacuare, considerado uno de los diez ríos más hermosos del planeta, todavía
muestra los efectos negativos de las primeras incursiones con fines de explotación
hace ya casi tres décadas. En los últimos años, las inversiones del Ice para
diseño y planeamiento con miras a explotar este río con la construcción de
cinco represas, fueron más altas que para cualquier otro proyecto: 1.032
millones en 1999 y 1.085 millones de colones en 2000 [Ice. 2000. Estados
financieros y opinión de los auditores, al 31 de diciembre del 2000. Ice.
San José]. Savegre es otra cuenca que puede estar en peligro inminente, pues ya
hay millonarias inversiones en ella, y la comunidad nacional no ha sido
informada sobre sus riquezas y valor ecosistémico. Su
potencial energético, de alrededor de 420 MW, en un contexto de apertura
y liberalización del mercado energético nacional sería un excelente botín
para empresas privadas locales y extranjeras. Las presiones en esta dirección
están también claramente incluidas en el Plan Puebla Panamá, que eufemísticamente
argumenta la necesidad de apertura y de encontrar “socios estratégicos”
para la privatización y explotación de todos los recursos en manos nacionales
y estatales. El fin último es la subasta de los recursos naturales, dentro de
los cuales el agua y las áreas de producción de la misma son un blanco
predilecto.
Una adecuada planificación del
uso del agua realizada por el estado (con el agua privatizada sería imposible)
implicaría salvar al menos algunos ríos, entre los que se debe incluir el
Pacuare y el Savegre. Las inversiones en ellos deben enfilarse no a su destrucción
y explotación, sino a convertirlos en patrimonio nacional y de la humanidad. Su
protección total aseguraría salvar no solo los ríos sino las cuencas y
subcuencas cuya agua está asociada a riquezas naturales, pero además a toda la
vida social de las personas que habitan esas regiones.
Inequidad
y gestión desintegrada
Una visión
integral del agua contempla su producción con ordenamiento territorial,
calidad, acceso y distribución, control financiero y administrativo, pago por
el servicio y, de manera esencial, participación ciudadana. En Costa Rica son
varias las instituciones relacionadas con el agua: AyA, las asadas,
los comités de acueductos, las municipalidades, las entidades privadas, la
Contraloría General de la República, Aresep, Minae y otras. Teóricamente
coordinan políticas y acciones, pero al no existir una visión integral del
agua, priva más bien un enfoque administrativo y sobre todo comercial. La gestión
conjunta e individual muchas veces se reduce a ejercicios administrativos como
el aumento y cobro de tarifas y, como señalamos antes, a atender parcialmente
la construcción de acueductos y la calidad del agua. Las asadas,
los comités de acueductos y las municipalidades no reciben el apoyo necesario
de los entes rectores nacionales para mejorar la calidad de sus servicios, ni
cuentan con posibilidades financieras y técnicas propias para hacerlo. De ahí
que la participación y compromiso de los usuarios y usuarias para proteger el
agua en las comunidades sea prácticamente nula.
La carencia de
planificación, en este caso relacionada con la inequidad social, permite que
los mayores consumidores de agua como muchas industrias, hoteles e instituciones
estatales, entre otros, exploten el agua gracias a concesiones que otorga el
Minae y paguen desproporcionalmente menos que cualquier usuario domiciliar. Un
aumento del agua, como el decretado en abril de 2002, para la mayoría de los
1.620 acueductos rurales del país, revela que no se cuenta en Costa Rica con
una visión integrada del agua, que la rectoría del servicio se basa en un
conjunto de leyes y reglamentos desarticulados, y que la fijación de tarifas
tiene intencionalid política y de favorecimiento económico para reducidos
sectores de la sociedad.
Los aumentos del precio de venta
del agua sin una planificación orientada a la protección del recurso y a
asegurar el acceso equitativo refuerza todo lo opuesto a los principios de
acceso, solidaridad y equidad social que deberían regir. A falta de una
verdadera coordinación e integralidad en el sector, y también por mantener
ofensivos privilegios, persisten y siguen apareciendo nuevos casos de extrema
inequidad: un hotel de cuatro estrellas que explota dos pozos de agua paga ¢22.000
mensuales (menos de un colón por metro cúbico), gracias a que el Minae le
concesiona la explotación, sin restricciones de ningún tipo, de fuentes de
agua subterráneas para mantener canchas de golf, piscinas, etcétera. (El
conflicto vigente entre el hotel Meliá Conchal y la comunidad de Lorena, en
Guanacaste, ilustra adecuadamente esta inequidad.) Según el Observatorio del
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, si las empresas privilegiadas por el
estado pagaran las tarifas como cualquier familia, su factura no sería menor a
¢11.000.000, pues el valor de un metro cúbico de agua para industrias es de ¢352.
El cobro justo del
agua puede implicar aumentos determinados con bases sociales y financieras
serias pero, antes que eso, lo que se impone como prioridad en Costa Rica es una
revisión completa de las condiciones en que opera cada una de las instituciones
involucradas con el agua, pues de lo contrario ésta será cada vez más un
instrumento de inequidad social y una mercancía sujeta al lucro y la
concentración de riqueza.
La planificación
del agua implica la aplicación de cánones sociales y la superación de
visiones limitadas a distribución y cobro de tarifas. Planificar el agua
implica dilucidar una intrincada red de conexiones y fuertes intereses económicos
y políticos nacionales e internaciones, empresariales y gubernamentales, que la
sociedad costarricense debe conocer y discutir para asegurar la protección de
este recurso estratégico.
El enfoque
comercial del agua hace razonables los cuestionamientos sobre la
finalidad real de los aumentos tarifarios. Una revisión integral del agua
requiere el pago justo entre todos los consumidores, diferenciando los
empresariales de los domiciliares. La persistencia de la
inequidad lo que provoca es la institucionalización del privilegio de
algunos grupos en detrimento de la mayoría de la sociedad costarricense. También
se puede otear una forma indirecta de apertura y subasta del agua costarricense
a favor algunos grupos reducidos e inversiones extranjeras, lo cual podría
significar la desnacionalización del recurso. Sin un sistema tarifario
equitativo cualquier aumento generalizado significa incrementar el subsidio de
todas las comunidades rurales a entidades estatales y grupos privados
privilegiados.
Como parte de la
transparencia con que debiera discutirse en el país la problemática del agua,
es urgente que la comunidad nacional conozca en detalle los resultados de una
reciente consultoría financiada por la Organización Panamericana de la Salud
para AyA. Ese estudio y el proyecto de ley para el manejo del recurso hídrico
remitido por Minae a la Asamblea Legislativa, que contiene cláusulas para
someter el agua a la explotación privada y la competencia, no auguran un futuro
halagüeño para el agua como recurso de bien social.
Osvaldo Durán