La
oficina del Ministerio del Ambiente (Minae) en Los Santos atendió cerca de cien
denuncias por tala, cacería y contaminación entre 1999 y 2000 (La
Nación, 20-12-00: 14A), lo que constituye apenas una pequeña porción de
los casos que se presentan en las comunidades. La acción más directa y
comprometida la realizan muchas organizaciones civiles en las comunidades. Una
parte de sus denuncias llegan al Minae, al Ministerio de Salud, a la Procuraduría
General de la República, a los tribunales de justicia, a la Defensoría de los
Habitantes, etcétera, y aunque esto constituye una medida extrema ante la
destrucción y contaminación, la reparación de los daños resulta imposible.
Las
exploraciones de Proal en los últimos años en 25 nacientes que abastecen de
agua a comunidades, indican que ni una sola cuenta con un área de protección
debidamente delimitada y en condiciones adecuadas de cobertura vegetal. Tanto
los terrenos de protección de las nacientes (100 metros de radio medidos
horizontalmente según la Ley Forestal, o 200 metros según la Ley de Aguas),
como las áreas de recarga acuífera, en su mayoría están cubiertas por café
o potreros. Muchas tomas de agua se localizan directamente en cafetales, lo que
a simple vista evidencia que recogen los residuos de los agroquímicos
utilizados en el cultivo.
La
recuperación y la conservación de bosques asociados con nacientes tienden a
ser más difíciles dado que muchos terrenos localizados a alturas cercanas y
hasta superiores a los 2.000 msnm, que hasta hace pocos años se mantenían en
estado natural, ahora están siendo sembrados. No solo se trata de una fuerte
presión económica para forzar la frontera agrícola, sino además de un claro
indicador de cambio de clima en la región, lo cual estaría vinculado con el
sobrecalentamiento global. La suma de estos elementos genera mayor
vulnerabilidad en todos los ecosistemas y el agua. Las nacientes conservadas al
menos parcialmente con charrales, tacotales y bosques primarios, se localizan en
terrenos sumamente quebrados o a alturas que no permiten las actividades
agropecuarias.
En
la actualidad los efectos sociales, productivos y ambientales de estas prácticas
de uso de la tierra son alarmantes y colocan
a todas las comunidades ante la inminente amenaza de inseguridad social y económica.
El diagnóstico a simple vista evidencia, entre otros efectos, pérdida
creciente de árboles aislados y de bosques; erosión severa del suelo fértil,
mucho del cual literalmente ya se perdió; uso de las quemas como técnica
de limpieza de terrenos, que en la mayoría de los casos salen del control de
los responsables; focos de contaminación de nacientes, pequeñas quebradas y ríos,
y construcción de caminos privados que provocan talas e incrementan la erosión
de los suelos. Estas prácticas no solo agotan la tierra, sino que destruyen la
biodiversidad y particularmente los reductos de bosque, a los que se asocia la
producción de agua en las comunidades.
En
la relación entre producción agrícola, bosques y agua, el primer efecto negativo para la economía es que las escasas prácticas
de conservación de suelos no compensan su destrucción, y por tanto su pérdida significa la liquidación del recurso productivo
más importante. La respuesta de los productores, que consiste en aplicar
dosis cada vez más altas de insumos agroquímicos, no solo contamina, sino que
induce a una escalada sostenida de los costos de producción. Ya sea por
deslizamientos, infiltraciones o exposición directa de las fuentes de agua a
los agroquímicos, su contaminación es severa en muchas comunidades.
A
los costos económicos inmediatos y a largo plazo, se suman los efectos
negativos para la salud. Las comunidades de la cuenca del Pirrís ocupan uno de
los primeros lugares en Costa Rica en incidencia de padecimientos y muertes por
enfermedades del sistema digestivo, como el cáncer, con un registro de muertes
que ya incluye niños y niñas (según el Área de Salud Los Santos), lo cual
estaría directamente relacionado con la mala calidad del agua y el consumo de
alimentos contaminados, muchos de los cuales se producen en Cartago, otra de las
regiones con más altas estadísticas de cáncer gástrico en el país.
La
contradicción entre desarrollo productivo y recursos naturales es un resultado
de décadas de orientaciones equivocadas que propiciaban la explotación de la
tierra y no contemplaban su cuidado. La recuperación de la región que se
impone ahora no implica frenar la producción. Tampoco significa que sea
imposible producir sin la conservación de los suelos y la naturaleza. Se trata
de implementar técnicas productivas que permitan tanto la seguridad económica
como la salud que está directamente vinculada con el respeto, la conservación
y la recuperación de los suelos, parches de bosque y fuentes de agua.
La cuenca es un ejemplo clarísimo de desarrollo productivo, pero también
de cómo éste se ha ido convirtiendo en un agente de deterioro de la calidad de
vida. En términos de la sobrevivencia de la región, la producción deberá
orientarse hacia sistemas que aseguren no solo rentabilidad, sino además
protección de la naturaleza y, en términos concretos, esto significa fijar el
cuidado del agua como prioridad.
El
trabajo de recuperación de la cuenca evidencia que la falta de información y
conocimiento técnico en las comunidades sobre los problemas de destrucción de
la biodiversidad, bosques y agua, es un obstáculo determinante para que las
personas asuman compromisos con la tarea de proteger la naturaleza. Hasta hace
apenas unos años se aceptaba la destrucción de los bosques y los ecosistemas
como un supuesto normal, y hasta
obligado, para la expansión productiva. La discusión sobre los problemas
ambientales y sociales asociados a la producción puso en evidencia los efectos
negativos de éste, y planteó el mandato de "reparar" la naturaleza
simultáneamente al desarrollo de la producción. Éste es un proceso complejo
que en Pirrís está permitiendo la participación de muchas personas y
organizaciones sociales.
Los esfuerzos de varias organizaciones civiles de la
cuenca están orientados a crear una visión y una práctica constructivas
respecto de la relación entre expansión productiva, salud humana y conservación
de la biodiversidad, pues de lo contrario se continuará avanzando hacia la
inseguridad social y económica. Las acciones
incluyen tareas de información, investigación científica, inspecciones de
campo, señalización de nacientes y áreas de recarga acuífera, reforestación,
etcétera. El trabajo conjunto propicia la incorporación directa de comunidades
en la tarea de proteger y conservar el agua, y refuerza alianzas locales entre
civiles, algunas empresas privadas y muchas escuelas. Todas las iniciativas
locales están orientadas a crear una visión constructiva sobre la necesidad
social de protección de la naturaleza; no solo de la flora y la fauna, sino de
todos los recursos de la tierra, iniciando por el suelo, que es de hecho el
recurso más explotado en las comunidades.
Los
estudios técnicos de Proal sobre uso y conflicto en el uso de la tierra, y
exploraciones sobre biodiversidad, indican que es indispensable conservar y
proteger toda la cobertura boscosa existente para asegurar la conservación de
la naturaleza y las fuentes de agua para las comunidades. La protección de esos
bosques sería además la única garantía para que sobrevivan los ecosistemas
de las siete zonas de vida que aún se localizan en la cuenca.
Osvaldo
Durán.
El
autor, sociólogo, es presidente de la Asociación Proyectos Alternativos para
el Desarrollo Social (Proal) [osvaldod@cariari.ucr.ac.cr].