En un histórico día para el ambiente en Costa
Rica, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) rechazó, en acuerdo
firme por unanimidad, el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero (Fase
2), fallo con el que se pone fin a años de incertidumbre respecto del
futuro ecológico del país y que sienta un importante precedente para las
intenciones de otras compañías. El fallo concluye diciendo que “la
etapa de ejecución descrita como la fase 2 del proyecto de Exploración y
Explotación Petrolera en la Plataforma Caribe de Costa Rica, consistente en la
perforación de un pozo exploratorio, no es viable ambientalmente.”
En
55 considerandos, donde se explica aspectos legales y generales del proyecto
petrolero, de los posibles impactos sobre flora y fauna marinas y también
sociales, turísticos y económicos, la resolución de Setena es categórica y
señala un sinnúmero de vicios, errores, omisiones y carencias del estudio de
impacto ambiental. La resolución pone en evidencia una gran cantidad de datos
inciertos proporcionados por la empresa, y asegura que “Costa Rica debe buscar un modelo de desarrollo que contemple las
necesidades humanas actuales, sin comprometer las oportunidades de las
generaciones venideras.” y que una actividad como la que se ha evaluado
“contrasta con la imagen de Costa Rica como líder en el tema de la conservación
de los recursos naturales y más específicamente como promotor de actividades
como la del Corredor Biológico Mesoamericano, que podría verse seriamente
afectada”.
Dentro
de las consideraciones jurídicas expuestas por Setena en la Resolución N°146-2001
del 28 de febrero de 2002 se resalta las contradicciones del proceso llevado
adelante por la empresa rechazada (compuesta por Harken Energy y MKJXploration,
ambas de Estados Unidos) con la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de
Biodiversidad. Asimismo, se considera el artículo 50 de la Constitución Política
que establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el
artículo 7 que establece la supremacía de los convenios internacionales sobre
leyes nacionales: el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar
por Vertimiento de Desechos y otras Materias (ley Nº 5.566), el Convenio sobre
la Protección y Desarrollo del Medio Marino y su Protocolo de Cooperación para
Combatir los Derrames de Hidrocarburos (Nº 7.227) y la Convención Relativa a
los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, (ley Nº 7.224) -conocida como Convención de RAMSAR.
Setena
alude, también, al principio indubio pro
natura contenido en la Ley de Biodiversidad, indicando que "se aplica
cuando en caso que el ente de decisión carezca de pruebas que brinden absoluta
certeza sobre el asunto a tratar, deberá resolver entonces a favor del
ambiente"; y en relación con ello se menciona asimismo la Declaración de
Río (principios 15 y 17).
Integrantes
de Acción de Lucha Antipetrolera (Adela) se manifestaron satisfechos con la
resolución: “Se ha actuado con la mayor rigurosidad científica y poniendo en
primer lugar a la población de Costa Rica y su ambiente”. Integrantes de
Oilwatch-Costa Rica aseguraron que “Hoy demostramos que Costa Rica todavía
puede encaminarse a un futuro ecológico y sostenible … [pero] no podemos
bajar la guardia, debemos seguir expectantes ante cualquier otro intento de ese
poder económico tan fuerte que representan las petroleras en el mundo”.
Días
después de divulgada la resolución de Setena en medios de prensa trascendió
que la embajada estadounidense "pidió cuentas" al presidente y al
Ministerio del Ambiente. La empresa, por su parte, apeló el fallo, con lo cual
se entra a un extenso y tedioso enredo jurídico. La ministra tendría 60 días para responder la apelación a
partir del momento en que Setena entregue el expediente, lo que podría implicar
que la decisión sea heredada al próximo gobierno.
Una
de las abogadas de la campaña antipetrolera opina que "por un lado seria
muy difícil que la ministra tenga competencia para revocar una decisión unánime
y firme de un órgano técnico desconcentrado en materia ambiental; pero, por
otro lado, tememos que puede ser más bien una decisión política...
y por supuesto, las petroleras, la política de Bush y sus funcionarios
en la Embajada no están ausentes del escenario".
El autor
es facilitador de Oilwatch-Costa Rica.
[Más
información en: www.cosmovisiones.com/adela y en 224 1556]