A
inicios de los años noventa el gobierno de Costa Rica adoptó la filosofía de
desarrollo sostenible como base de su política nacional ambiental, y colocó al
país como modelo para nuevas iniciativas de desarrollo sostenible. Para el
sector cafetalero resultó claro que su actividad tenía un impacto ambiental
altamente negativo a causa de su sistema productivo, caracterizado por falta de
sombra en las plantaciones, uso indiscriminado de químicos y procesos de
beneficiado altamente mecanizados, teniendo esto como consecuencia una alta
erosión de los suelos, pérdida de biodiversidad, uso no sostenible de madera
como fuente de energía, consumo ineficiente de energía en general y
contaminación del aire y de los cursos de agua, y, consiguientemente, generándose
altos riesgos de salud para los productores -por el uso de químicos en las
plantaciones- y para los obreros en los beneficios -por los ruidos, polvos y
humos.
Esta situación dio paso a una gran preocupación entre los conservacionistas, resultando finalmente en la formulación de una legislación más estricta en relación con la contaminación del aire y los cursos de agua. Para la cosecha 1997-1998 las entidades de salud y ministerios exigían al sector cumplir con los estándares máximos permitidos de descarga a los ríos de aguas usadas en los beneficios. Es decir, todas las plantas de beneficiado debían tener tratamientos finales de agua y utilizar la menor cantidad posible en todo el proceso. Para preparar al sector cafetalero a cumplir con la nueva legislación, el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) y los entes reguladores firmaron en 1992 un plan de acción para el sector a cinco años plazo, el cual requería que los beneficios realizaran cambios tecnológicos en sus procesos con el fin de reducir fuertemente el uso de agua y los caudales de aguas residuales descargados a los ríos. Como resultado de este convenio, el proceso del beneficiado de café ha sufrido una serie de cambios, ejecutados con base en el enfoque de producción más limpia, el cual fue creado por -entre otros- el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
La metodología de producción más limpia, introducida en Centroamérica
por Cegesti y otras organizaciones pioneras, adaptándola e implementándola en
una amplia gama de empresas y sectores productivos, lo que busca primordialmente
es generar una reducción en las cantidades de residuos, en los consumos de
materias primas (y costos), en los costos de tratamiento de residuos, en la
contaminación potencial y busca también mejorar las condiciones de trabajo y
la eficiencia del proceso. Lo anterior lo consigue aplicando, en el análisis en
las plantas, una serie de prioridades: rechazo, reducción, reuso, reciclaje,
tratamiento y disposición. La metodología cuenta con fases claramente
definidas que ayudan a esquematizar los procesos productivos. Además,
contribuye al ordenamiento y conocimiento de los procesos por parte de la
gerencia así como del personal.
Como
resultado del programa se define un plan de acción cuyo objetivo es disminuir
el consumo de recursos -que a su vez permite una reducción de los costos de
producción- y mejorar las condiciones laborales. Es así como los casi 95
beneficios del país han empezado a implementar medidas como el chancado en
seco, la recirculación de aguas, la separación de pulpa y aguas residuales, el
transporte en seco de la pulpa de café, los tamizados para la retención de sólidos
y partículas gruesas y los tratamientos finales de aguas usadas en el
transporte y lavado del café. En promedio, antes se utilizaba 4 m3 de
agua para procesar un quintal de café, y en la actualidad la legislación exige
como máximo el uso de 1 m3 (algunas plantas beneficiadores utilizan
hasta un tercio de esta cantidad) para procesar ese quintal.
Por
otra parte, mediante lagunas de sedimentación y oxidación o cualquier otro método
de tratamiento final de aguas (tanques anaerobios, tratamientos aerobios,
oxigenación mecánica, etcétera), la descarga que se realiza de esa agua
utilizada, debería llevar un nivel de demanda química de oxígeno de 1.500
mililitros por litro y una demanda bioquímica de oxígeno de 1.000 mililitros
por litro, como máximo. Estos estándares, fijados y revisados por las
instituciones sanitarias y de ambiente en mutuo acuerdo con el sector cafetalero
son de cumplimiento obligatorio a partir de la cosecha 1997-1998.
Sin embargo, un enfoque tan tecnificado,
dirigido más que todo al ajuste de sólo una parte del proceso productivo, no
ha sido considerado suficiente para poder llegar a la producción de un café más
sostenible que cumpla con las necesidades existentes del mercado, por las
siguientes razones: (1) la revisión del cumplimiento legal se hace únicamente
tres veces por cosecha, lo cual limita la garantía del cumplimiento total
durante toda la cosecha; (2) los beneficios de café causan otros impactos
ambientales negativos que no han sido considerados en el convenio
interinstitucional, como por ejemplo: el alto consumo de leña, la generación
de desechos metálicos y la contaminación de suelos por los lixiviados
generados por la pulpa -entre otros-; (3) el convenio no estimula la búsqueda
constante de oportunidades de mejora continua para llegar a impactos ambientales
que vayan más allá de la legislación existente, ni promueve el enfoque
gerencial con una perspectiva futura generando estrategias proactivas hacia la
integración de intereses económicos y ambientales; (4) además, se dice que el
café de Costa Rica ha sufrido una reducción en la calidad, lo cual podría
haber sido causado por los ajustes técnicos implementados o por una deficiencia
en la gestión de calidad general del proceso de beneficiado.
El
proyecto de Café Sostenible (Suscof), creado por seis cooperativas de café, el
Instituto Para Productos Básicos Más Sostenibles (de Holanda) y Cegesti, y
financiado por el Convenio para el Desarrollo Sostenible Costa Rica-Holanda, el
Ministerio de Ambiente de los Países Bajos y contribuciones de los diferentes
entes involucrados, se gestó para remediar las debilidades mencionadas y apoyar
al sector de café costarricense creando nuevas oportunidades de mercado en
Europa. El proyecto se basa en un enfoque de la gestión de la integración de
la cadena, con la meta de crear en forma continua mejoras ambientales y sociales
en los procesos productivos. Con su aplicación, la gestión ambiental se ha
convertido en una responsabilidad gerencial, no solamente
respecto de la instalación de cierto equipo sino también del desempeño
ambiental y la organización en general. Para poder asumir esta responsabilidad,
se consideró necesario establecer prioridades y desarrollar programas de mejora
verificable. El proyecto empezó en 1997 con la ejecución de revisiones
ambientales en cada uno de los beneficios, para así identificar los impactos
ambientales negativos generados.
En seguida, se definió que la implementación de un sistema de gestión
ambiental basado en las normas de Iso 14.001 podría ser una herramienta de
aprendizaje y cambio importante, particularmente para estas organizaciones que
se encontraban al inicio de la definición de programas de mejoramiento continuo
ambiental y de calidad de sus procesos productivos. La implementación se inició
en 1999 y ha resultado -entre otros- en: (1) la certificación de cinco
beneficios de café durante la cosecha de 2000-2001; (2) una reducción promedio
de 33% en el consumo de agua entre las cosechas 1997-1998 y 2000-2001 (ver
figura 1); (3) una reducción promedio de 11% en el consumo de leña entre las
cosechas 1997-1998 y 2000-2001 (ver figura 2); (4) una reducción promedio de
11% en el consumo eléctrico entre las cosechas 1997-1998 y 2000-2001 (ver
figura 3); (5) una política ambiental clara definida por la
alta gerencia de cada cooperativa; (6) la definición de un sistema que permite
definir periódicamente metas, objetivos y programas ambientales nuevos
controlados y mejorados en el tiempo; (7) un compromiso fuerte con el
cumplimiento de la legislación ambiental y otras normas vigentes relacionadas
con el beneficiado del café; (8) planes para responder adecuadamente a
accidentes y situaciones de emergencias ambientales causados por los beneficios,
y (9) el compromiso de la gerencia de cada cooperativa con la mejora continua.
La
implementación y certificación de un sistema de gestión ambiental no sólo
controla y limita el impacto ambiental sino que también ayuda a las
cooperativas a mejorar su desempeño ambiental por medio del monitoreo del
desempeño de sus productores y de sus políticas para mejorar sus prácticas;
además, el sistema certificado amplía grandemente su influencia en el mercado
internacional y aumenta su relevancia en torno a la sostenibilidad. Para
los clientes internacionales, un sistema de gestión ambiental certificado
representa la garantía de que el desempeño ambiental de las cooperativas
cumple con las regulaciones existentes y que éstas se encuentran en un
mejoramiento continuo.
Los autores, especialista en administración empresarial e ingeniero sanitario -respectivamente-, son consultores en el Centro de Gestión Tecnológica (Cegesti).