En el mes de octubre de 2001 comenzó un esfuerzo dirigido a la protección legal de los llamados "derechos intelectuales comunitarios", reconocidos por la Ley de Biodiversidad, aprobada en 1998. Para comprender mejor lo que son dichos derechos, es importante tener conciencia de que alrededor del mundo los conocimientos de las comunidades indígenas y campesinas están expuestos a ser privatizados. Hay quienes buscan registrar como invenciones propias dichos conocimientos, afectando el derecho de las comunidades a utilizar un conocimiento colectivo.
Ante la posibilidad de que Costa Rica sea víctima de dicha biopiratería, la Ley de Biodiversidad establece en su artículo 82 que "el estado reconoce y protege ... bajo el nombre común de derechos comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, relacionados con los elementos de la biodiversidad...". Sin embargo, hasta hoy no se ha procedido a determinar de qué manera se llevará a la práctica dicho artículo. Esa labor requiere la participación de la Mesa Nacional Campesina y de la Mesa Nacional Indígena, pues así fue dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Biodiversidad, donde se encarga realizar un proceso participativo para aclarar muchos aspectos relativos a dichos derechos, con el apoyo de esas organizaciones, encargo que ya se está cumpliendo en coordinación con la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad.
Un primer taller se realizó el pasado 19 de octubre, ocasión en que se hizo un análisis y divulgación del proceso. Un segundo taller se realizó los días 25 y 25 de octubre, para capacitar a los facilitadores del proceso, participando representantes de comunidades de Guatuso, San Carlos, Térraba, Talamanca, Guanacaste, Turrialba y Puriscal. El 9 de noviembre se realizó otro taller con el objetivo de tomar decisiones metodológicas y con la participación de dirigencia comunal y de organizaciones. El proceso se prolongará por varios meses más, pues faltan por realizarse cinco jornadas regionales campesinas, 24 talleres en comunidades indígenas y cinco jornadas regionales indígenas. Por último se realizará un encuentro nacional de validación de los documentos. Como resultado del proceso se espera un conjunto de ideas y principios para poder aplicar sobre los llamados "derechos intelectuales comunitarios", además de haberse capacitado e informado a las comunidades campesinas e indígenas sobre dichos derechos.