Existen
diversos enfoques de la economía y su relación con el ambiente. El más
conocido y común es el dominante, de origen neoclásico, que privilegia la acción
del mercado en la asignación de los recursos y la efectividad de los precios
para este propósito, ya sea en el mercado de factores, de bienes y servicios o
externo. En este sentido es absolutamente imprescindible que los "activos
naturales", como son la biodiversidad, el bosque, la calidad atmosférica,
el suelo, el agua, los recursos marinos -entre otros- tengan un precio. Este
corresponderá a su valor de uso y no uso; en definitiva, a su utilidad para la
sociedad. Ese valor de “no uso” o valor de uso pasivo -según otros
economistas- está compuesto por los valores de no uso propiamente dicho, de
existencia, opción, y cuasi-opción. El problema en este enfoque o -para otros-
la virtud es que el valor necesita del mercado para realizarse.
Hay
otros enfoques, como el de la economía ecológica y el de la economía política
verde, que enfatizan en la reproducción material, social y cultural de la
sociedad como preocupación principal. La actividad económica como elemento
central en el intercambio de energía y materiales entre el hombre y la
naturaleza a fin de producir valores de uso para la reproducción de la vida
misma en sociedad. Si bien existe un valor de la biodiversidad en estos
enfoques, ese valor ecológico esta supeditado a la contribución que supone la
biodiversidad en la reproducción de la vida como un todo; en su esfera social y
en su esfera ambiental, en su esfera laboral, cultural, etcétera. El valor es,
entonces, una construcción social que no necesariamente se “realiza” en el
mercado, aun cuando podría suceder.
En definitiva, y no obstante las diferencias de
enfoque, la biodiversidad tiene un valor y es fundamental para el mantenimiento
de la vida en el planeta. Desde luego, los enfoques conllevan cosmovisiones y,
por tanto, una concepciones ideológicas que pueden ser limitantes e incluso
perniciosas para lograr una adecuada interpretación de los fenómenos y la búsqueda
de soluciones. En todo caso, las preguntas a formular son: ¿Cuáles son las
estrategias para lograr una efectiva conservación y potenciación de la
biodiversidad como soporte de la vida en el planeta y componente fundamental de
la reproducción de la vida en el mismo? ¿El
acceso comercial a la biodiversidad, vía contratos u otros mecanismos,
obteniendo ingresos del mercado farmacéutico o de otro mercado capitalista
-modelo Inbio-, permite hacer sostenible el esfuerzo de conservación de la
biodiversidad?
Obsérvese
que aquí ya estamos hablando de conservar un componente fundamental de la vida
en el planeta apelando a la lógica del mercado. ¡Esto es lo que supone el
acceso mercantil a la biodiversidad! Por ello, apelando a la misma lógica, hay
que interrogarse si esa remuneración que se recibe por la biodiversidad, vía
contratos con transnacionales u otros mecanismos, compensa el costo de
oportunidad del bosque o del área protegida, derivado de los usos alternativos
de la tierra.
Todavía
algo más: ¿esos ingresos que provee el mercado son distribuidos
equitativamente entre usuarios y sus comunidades, dueños de la biodiversidad
por generaciones?
Concretamente,
el contrato entre Inbio y Merck, de septiembre de 1991, es un ejemplo de cómo
se incorpora la biodiversidad al mercado de acuerdo a lo lógica de la economía
dominante y bajo la errónea suposición de que el mercado es el perfecto
asignador de recursos.
Este
acuerdo implica que se reconocen los derechos sobre los recursos genéticos de
la biodiversidad silvestre, que ya no son patrimonio de la humanidad sino
propiedad del estado costarricense desde la Convención sobre Biodiversidad. El
acuerdo preveía el pago de un millón de dólares a cambio del acceso a una
gran área protegida de Costa Rica y, además, el pago de un royalty sobre los productos comerciales que Merck eventualmente
desarrollará a partir de esos insumos. A falta de referentes, el precio del
contrato fue establecido en forma totalmente arbitraria y sin mayores criterios.
El tiempo demuestra que éste fue bastante bajo por lo menos en relación con
las utilidades posteriores derivadas de las materias primas y con otros
impactos. Lo que se ha puesto en el mercado no son recursos, ni insumos para la
producción, sino información genética. No es la historia del guano, ni la
anchoveta o el quebracho, de la quina o del hule. Es información genética que
se constituye en mercancía dentro de la lógica del mercado.
El
acceso mercantil a dicha información se da a un valor-precio asignado con
criterios muy vagos y ante la posibilidad de que las transnacionales puedan
encontrar estos recursos sin ningún costo en otros espacios ambientales que no
tienen ningún tipo de protección. Por otra parte, dicho precio no parece
resolver los problemas de las áreas de conservación, ni siquiera los contratos
se hacen sostenibles en el tiempo. Veamos cuáles son los
valores, en dólares, de los aportes hechos por el Inbio hacia diferentes
esfuerzos de conservación:
El
estudio de Nagoda y Tverteraas, de donde proviene la información recién
expuesta, es elocuente en lo que respecta a la pregunta sobre las ventajas económicas,
en términos de aporte monetario a la conservación, de permitir el acceso
comercial a la biodiversidad. Desde el año 1991, en que se firmó el contrato
con Merck, hasta 1999, la tendencia de ingresos para la conservación es
descendente (véase gráfico). ¿Es que está el modelo de Inbio en proceso de
agotamiento? Además, pareciera que estos ingresos no son competitivos con otros
usos del suelo; es decir, el contrato no garantiza que la conservación de la
biodiversidad sea capaz de competir contra otros usos del suelo y del bosque
cuya tasa de rentabilidad es mayor en el mercado, de acuerdo a la racionalidad
del capital, cuyo objetivo siempre será la valorización del capital a través
de la maximización de las ganancias.
Finalmente,
los beneficios de los que se apropian las comunidades no quedan claros, siendo
éste un aspecto fundamental de la conservación. Sólo un 37% de los ingresos
del Inbio por bioprospección, desde 1991, son canalizados a los usuarios (véase
tabla), alcanzando la suma de $8 millones.
Luego de estas reflexiones queda pendiente seguir construyendo una estrategia de desarrollo y conservación de la biodiversidad, sostenible, que le dé importancia estratégica a las comunidades, que pondere su alto valor comercial y, particularmente, garantice la soberanía y seguridad en el uso de estos recursos para el soporte de la vida en el planeta.
El autor, economista ambiental, es docente e investigador en la Universidad Nacional [mmarozzi@una.ac.cr].